QUIERO QUE INTERNET SE OLVIDE DE MI

El mundo cibernético ha traído consigo una demanda de derechos que no figuran expresamente en ninguna Constitución.  Uno de ellos es el llamado "derecho al olvido" que ampara la capacidad de una persona para borrar de internet información irrelevante sobre si misma y preservar de este modo su privacidad.  La Comisión Europea ha puesto en marcha un proceso legislativo para reforzar la protección de datos de los ciudadanos.

La reforma va enfocada a regular el almacenamiento en internet de datos personales que no son de interés público.

Eso es lo que hizo una mujer cuyos datos aparecían en Google vinculado a un indulto. Como establece la ley, la resolución fue publicada en su día en al BOE. La resolución fue publicada en su día en el BOE. Google convirtió esa conmutación de pena en algo universal.

Tras solicitar a Google que cancelara sus datos personales, la mujer indultada 13 años antes acudió en 2008 a la AEPD.  Este organismo le dio la razón.  "Proceder a la exclusión de los datos personales de la reclamante de los índices elaborados por Google".

Para Artemi Rallo, el derecho al olvido reconoce la cancelación de un dato personal que se ha recabado legítimamente para que se retire cuando se agote la finalidad para la que fue obtenido.  Equivale a hacer realidad el poder de cualquier ciudadano a disponer de toda la información de la que es titular.  Y a que la memoria digital no se convierta en algo perpetuo.

La AEPD también actúa para cancelar datos publicados en foros de internet facilitados por un tercero sin el consentimiento del afectado.  En este caso, la agencia precisa que los comentarios introducidos en Internet eran dentro de la libertad de expresión, pero matiza: "la libertad de expresión tiene su límite respecto a otro derecho fundamental".  Expone que aunque la información publicada en ese foro fuera veraz, "al no referirse a asuntos públicos de interés general resulta preferente el derecho fundamental a la protección de datos".

En las reclamaciones ante Google España, la compañía alega que el servicio de buscador lo presta Google Inc. desde Estados Unidos, de manera que no le afectan la directiva de protección de datos ni la ley española que la aplica.  Por eso Rallo, insiste que es vital la cooperación. "Internet es un marco global y necesita una norma global, con tratados internacionales de protección de privacidad.  Esa es la única lógica que puede satisfacer la exigencia de proteger la privacidad.

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